En los últimos tiempos se ha generalizado entre las organizaciones de toda índole la implantación en su seno de un Código Ético.  Basta con seguir el día a día de los medios de comunicación y su exhibición de noticias sobre corrupción, abusos, acoso… para comprender su necesidad. También la Fundación Educativa Santísima Trinidad ha elaborado, aprobado (15/01/2019) y dado a conocer su CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA, al que han de atenerse, en el desarrollo de sus funciones y actividades, todas las personas que trabajan o tienen algún tipo de colaboración con la FUNDACIÓN en cualquiera de sus ámbitos.

A la base del CÓDIGO están los documentos de la FUNDACIÓN, que expresan la intención fundacional en relación a las personas que trabajan o colaboran con ella, más allá de lo puramente legal o contractual. El CÓDIGO no genera obligaciones que no se tengan previamente, sino que aporta modos de proceder apropiados para su cumplimiento, favoreciendo el logro del fin institucional y dando garantías a los beneficiarios de la FUNDACIÓN y a la sociedad.                                                                                                                

El grueso de su contenido está dedicado a los comportamientos a seguir por parte de la propia Fundación y por parte de sus empleados y colaboradores. Y se perfilan las relaciones personales deseables dentro de la FUNDACIÓN, estableciéndose asimismo medidas para su cumplimiento. Puesto que el cumplimiento de sus disposiciones forma parte esencial de las obligaciones contractuales de todos sus directivos, empleados y colaboradores, se recabará de todos ellos el reconocimiento de que lo han recibido, lo conocen y se comprometen a su cumplimiento. Está previsto en el CÓDIGO el nombramiento de un Comité de ética, cuyos miembros prestarán sus servicios de manera independiente y gratuita y que, en su caso, propondrá al Director del Equipo de Titularidad la adopción de las medidas que procedan.

Recientemente, dos Leyes Orgánicas han reformado el Código Penal Español, introduciendo una innovación procedente del mundo anglosajón: la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas (en nuestro Código era un principio de ancestral vigencia que sólo las personas físicas pueden delinquir).

De acuerdo con la nueva ley las personas jurídicas -y nuestros centros y entidades lo son- pueden eximirse de responsabilidad penal, o al menos atenuarla, dotándose de un programa de cumplimiento normativo (Compliance), un “modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. Formarían parte de ese Programa normas de diversa índole, el Reglamento de Régimen Interior y toda una batería de protocolos: de protección de datos, de uso de dispositivos y recursos tecnológicos en la actividad laboral, de prevención de riesgos laborales, de transparencia, etc.                                                                                                                                  

El CÓDIGO no sólo sería parte sustantiva del Programa de Cumplimiento Normativo, sino que debiera cualificarlo: no se trataría ya de establecer un mapa de riesgos penal sino, más bien, de prever y promover el cumplimiento de la totalidad  de la normativa que rodea a nuestros centros educativos y a su Institución Titular. Pero, ni se trataría sólo de cumplir normas. El campo de la ética tiene que desarrollarse en el marco legal, pero a menudo lo trasciende, porque promueve ideas y proyectos que la ley no exige y que, sin embargo, benefician a las personas y al conjunto de la organización.

En definitiva, quisiéramos ver nuestro CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA como un instrumento para hacer eficaz la normativa de nuestra FUNDACIÓN y de nuestros centros y para mejorar el cumplimiento de sus fines, la atención adecuada a sus destinatarios y su labor educativa.

Andrés de la Cal Sanesteban
Presidente del Comité Ético FEST